"Considerando que sólo estuvo en consulta pública durante 30 días, no habiendo sido oídas las partes interesadas, urge la creación de un plan de participación que involucre a los municipios con participaciones en el proyecto y a las cofradías de pescadores afectadas por la discusión, siendo obligatorio emitir un acuerdo favorable y unánime para dar continuidad al proceso", reza un comunicado conjunto, al que tuvo acceso Lusa.

Este es uno de los seis puntos sobre los que la Comisión Consultiva "no debería avanzar" sin consultar previamente a los firmantes para elaborar el Plan de Afección de la Zona Marítima a la Exploración de Energías Renovables (CC-PAER).

El texto está firmado por seis municipios del Área Metropolitana de Oporto afectados por el proyecto y por las asociaciones locales de pescadores Pró-Peixe, la Asociación de Armadores de Buques Pesqueros del Norte, la Asociación Pro-Más Seguridad para los Marineros y Apropesca.

En el caso es el informe de una propuesta preliminar del Grupo de Trabajo sobre la planificación y explotación de plantas de producción de energía renovable en el océano, que estuvo en consulta pública del 30 de enero al 10 de marzo.

Este proyecto para la creación de un parque eólico marino en Portugal delimitaba Viana do Castelo, Leixões, Figueira da Foz, Ericeira-Cascais y Sines como posibles emplazamientos para la exploración de energías renovables.

En la zona de Matosinhos, además de los aerogeneradores situados a unos 38 kilómetros mar adentro, se identificó la posibilidad de instalar una plataforma de 180 kilómetros cuadrados a 3 km de la costa, que afectaría sobre todo a Matosinhos, Oporto, Gaia y Espinho, con un potencial de casi un gigavatio.

Según el Jornal de Notícias, el vicepresidente del ayuntamiento de Matosinhos, Carlos Mouta, declaró el jueves que la plataforma más cercana "se alejará más" y "acabará a unos 38 km de la costa".

Otros puntos planteados estaban relacionados con "las distancias de los equipamientos a la línea de costa", que deberían "revisarse" teniendo como estándar la media europea, ya que "la instalación de cualquier construcción humana en alta mar tiene un impacto directo, concretamente visual, en la calidad de vida, en el tejido económico y en el sector turístico".

La carta también defiende que el proyecto debe "someterse a una evaluación de impacto ambiental", teniendo en cuenta que el informe "(aún) no aclara el número ni el tipo de torres que se utilizarán", dando a entender también "que se debe hacer una evaluación sobre el potencial de ocurrencia de accidentes graves y catástrofes".

En cuanto a la pesca, "con el potencial de interferencia del proyecto en las rutas de pesca aún por calcular", así como un exceso de condicionantes a la actividad, los firmantes quieren "que se determine de antemano el canon de compensación" para los municipios y el sector.

La declaración apela a la necesidad de "salvar las lagunas procedimentales observadas en el informe", en un punto en el que se destaca la importancia de las licencias en "la garantía y ponderación de los derechos e intereses jurídicamente protegidos" de los afectados.