Al término de un Consejo de Ministros extraordinario, el ministro de la Presidencia, António Leitão Amaro, anunció que el Ejecutivo pondrá fin al arrendamiento coactivo previsto en el programa Mais Habitação, del anterior Gobierno socialista, que ya había anunciado su intención de derogar.

"Se trata de un nuevo régimen, en el que la iniciativa de base local permite acelerar, identificar y poner a disposición, tras la recuperación, ya sea para vivienda o para otros fines públicos relevantes, tantos centenares de inmuebles públicos del Estado que actualmente están ociosos, mientras hay tantas personas sin casa o casas demasiado caras", dijo el ministro.

Leitão Amaro reveló que corresponderá a los municipios "voluntariamente", por sí mismos o con promotores privados, identificar los inmuebles públicos vacíos o infrautilizados y presentar al Estado, a través de Estamo, un proyecto de uso "para un fin público que encaje en las responsabilidades del municipio y pueda ser llevado a cabo por las personas".

El responsable gubernamental destacó que esta "vía verde" para los ayuntamientos es voluntaria y cada proyecto que se diseñe "debe estar dentro de las competencias" del municipio y dirigirse a un fin público.

"Por lo tanto, si queremos anticiparnos a la pregunta, no sirve para la especulación inmobiliaria ni para crear viviendas de lujo, porque evidentemente no es un destino que esté dentro de las competencias de los municipios", destacó.

Si la gestión de los inmuebles propuestos corresponde a Estamo, sólo podrá oponerse si el proyecto presentado por el municipio no responde al interés público o si ya existe un proyecto público inminente para ese inmueble.

El nuevo régimen, una iniciativa de base local, permite acelerar el uso de miles de propiedades públicas en el Estado que actualmente no se utilizan para viviendas públicas u otros proyectos, añadió.

"La vivienda asequible será naturalmente preferida y el principal de estos usos previstos, financiado con los recursos del propio proyecto. Esto no elimina en lo más mínimo la responsabilidad del Estado para inyectar propiedades públicas en el mercado, ni para resolver una crisis de vivienda que se ha agravado durante años seguidos de políticas equivocadas o no implementadas", destacó.