Los datos proceden de un estudio de la Autoridad de Regulación Sanitaria (ARS) sobre el acceso de los inmigrantes a la atención primaria de salud (APS), que concluye que, en los últimos tres años, el 88,8% de las unidades registraron un aumento de la demanda.

Según el regulador, entre los más de 844 mil inmigrantes registrados en la APS en 2023, sólo unos 419 mil (49,7%) tenían médico de familia asignado, una tasa considerablemente inferior al 83,5% del total de usuarios registrados en todo el país.

Según el estudio, que excluye de este análisis situaciones específicas como el acceso de turistas o los acogidos a convenios internacionales, las consultas médicas de usuarios inmigrantes representan el 6,5% del total de consultas de atención primaria y los servicios de enfermería prestados a inmigrantes corresponden al 7,6% del total realizado en las APS.

Las consultas por casos de enfermedad aguda y la atención materno-infantil son los servicios sanitarios más demandados y fueron considerados muy frecuentes por el 51,9% y el 49,2% de las unidades funcionales (UF) de atención primaria.

Según la HRA, la mayoría de las unidades identificaron diferencias significativas en la demanda entre inmigrantes en situación regular e irregular, siendo el empadronamiento en el PH (82,6%) y la asignación de un médico de familia (76,5%) los principales factores que contribuyen a estas diferencias.

Las UF también informaron de que entre los principales obstáculos a los que se enfrentan los inmigrantes para acceder a la asistencia sanitaria se encuentran los relacionados con cuestiones legales (89,9%), las barreras lingüísticas (63,8%) y las trabas administrativas (48,8%).

En el caso de los inmigrantes en situación regular, destacan las limitaciones asociadas al registro en los sistemas de información (59,2%), seguidas de la insuficiencia o dispersión de orientaciones sobre el marco normativo y las normas vigentes (52,5%).

En el caso de los inmigrantes en situación irregular, las principales limitaciones identificadas por los proveedores fueron la falta de documentación por parte del ciudadano (85,7%) y las dificultades asociadas al registro en los sistemas de información (63,8%).

La HRA justificó su decisión de centrar el análisis en los APS por su importancia para el acceso a una atención sanitaria más especializada, pero también por la no disponibilidad de datos completos y estabilizados de la Administración Central del Sistema de Salud (AACS), que permitieran retratar con precisión la demanda de atención sanitaria hospitalaria en los últimos años.

A la vista de estas conclusiones, la ARH insiste en la recomendación ya emitida al CAHS, para una mejora efectiva en el registro, tratamiento y seguimiento de los datos e información de cada ciudadano extranjero que accede a la asistencia sanitaria en el SNS.

La ARH también planteó un proyecto de recomendación a las Unidades Sanitarias Locales, que estará abierto a consulta pública hasta el 6 de mayo, con el objetivo de garantizar la correcta inscripción en el Registro Nacional de Usuarios (RNU) de los ciudadanos extranjeros y, en consecuencia, el respeto a su derecho de acceso a la asistencia sanitaria.

Entre 2018 y 2020, la ARH inició y concluyó 10 investigaciones relacionadas con las dificultades de acceso a la asistencia sanitaria por parte de inmigrantes.

El regulador también aseguró que seguirá vigilando el acceso a la asistencia sanitaria de los ciudadanos extranjeros en el SNS, teniendo en cuenta el impacto de los cambios legislativos previstos para 2025.

Según los datos remitidos por el CAHS a la HRA, a 31 de diciembre de 2023 había 1.785.490 usuarios registrados en el SNS con nacionalidad extranjera, lo que supone un incremento de alrededor del 19% respecto a 2022, una tendencia que se viene registrando desde 2020.