En una rueda de prensa en el Parlamento, el líder parlamentario del PSD, Joaquim Miranda Sarmento, detalló este programa -presentado en forma de proyecto de resolución que espera que sea discutido y votado "lo antes posible"- que ya había sido anunciado por el líder del partido, Luís Montenegro, en la Fiesta del Pontal, a mediados de agosto.

Criticando la insensibilidad del Gobierno ante las dificultades económicas y sociales de las familias y las empresas, Miranda Sarmento dijo que el valor global del programa de emergencia social se acercará a los 1.500 millones de euros, lo que supone un aumento respecto al valor inicial indicado por Montenegro (mil millones).

El socialdemócrata justificó esta diferencia con el "empeoramiento de la situación de las familias y las empresas en las últimas semanas", pero también con el hecho de que la ejecución de julio demuestra que "hay unos ingresos adicionales muy importantes y que estas medidas no comprometen el objetivo de déficit ni la reducción de la deuda".

Una de las propuestas es la reducción del IVA de la energía (carburantes, electricidad y gas) al 6 por ciento, una medida que el PSD propone en el texto de la propuesta de resolución que pueda "estar en vigor durante un periodo inicial de seis meses, prorrogable automáticamente por un periodo igual salvo decisión parlamentaria en contrario basada en la reversión de las subidas de precios de esos periodos acumuladas entretanto".

En opinión del líder parlamentario del PSD, "no se entiende cómo el Gobierno no ha bajado todavía el tipo de IVA de la energía", señalando que "varios países europeos ya lo han hecho a pesar de no existir una decisión formal de la Comisión Europea".

"Hoy, por las noticias que conocemos, el Gobierno y el primer ministro han engañado a los portugueses durante estos seis meses diciendo que no era posible bajar el IVA de los carburantes, la electricidad y el gas", acusó.

Las restantes medidas del programa de siete ejes tienen una duración de cuatro meses, ya que, según el líder parlamentario del PSD, a continuación se discutirán los Presupuestos del Estado para 2023.

Entre estas medidas se encuentra la asignación de un bono de alimentación por valor de 40 euros al mes a todos los pensionistas que tengan una pensión de hasta 1.108 euros, entre septiembre y diciembre de este año, y a todos los ciudadanos en activo y con ingresos hasta el tercer tramo del IRPF, durante el mismo periodo.

El programa de emergencia social de los socialdemócratas también propone la reducción del IRPF en los tramos cuarto, quinto y sexto, una medida presupuestada en 200 millones de euros.

El partido liderado por Luís Montenegro también pretende destinar 10 euros adicionales al mes a todos los niños y jóvenes que reciban ayudas familiares, a partir de este mes y hasta final de año.

Para las pequeñas y medianas empresas (PYMES) y las IPSS, se propone crear líneas de apoyo financiero "para hacer frente a los crecientes costes de la energía".

En este sentido, los socialdemócratas quieren una línea de capitalización para las empresas de los sectores más afectados por la subida de los precios del combustible. Esto se haría en colaboración con el Banco Europeo de Inversiones y permitiría disponer de 250 millones de euros.

Para los productores agroalimentarios, el PSD ha considerado incluir a las cooperativas agrícolas en el "gasóleo profesional", pero sólo para las empresas con la clasificación de actividad económica "transportista".

El plan de emergencia social también prevé un mayor descuento en el precio final del gasóleo utilizado en la agricultura, que se traducirá en una reducción de 20 céntimos por litro.