Los tres hombres están acusados de los delitos de fraude informático y comunicaciones agravado, posesión y venta de equipos ilícitos y acceso ilegítimo agravado.

En las primeras declaraciones ante el tribunal, los acusados negaron haber cobrado dinero por el servicio, contrariamente a la acusación del Ministerio Público (MP).

"Fue una broma. Lo hicimos, pero no fue para ganar dinero. No se cobraba dinero", dijo uno de los acusados, afirmando también que el número de usuarios era inferior al mencionado en la acusación.

Otro de los acusados admitió que había "una o dos personas que daban dinero para ayudar con los gastos" y, a pesar de saber que esta conducta era ilegal, dijo que, como era una cosa entre amigos, "pensaba que no había estrés".

El tercer acusado, un técnico informático, también declaró que "no ganaba nada con esto" y añadió que "ayudó a una persona" a entrar en el servicio.

La trama fue desmantelada en junio de 2019 durante una operación de la Policía Judicial(PJ).

En aquel momento, la PJ aseguró que más de un centenar de clientes accedían de forma ilegítima, en el momento de la actuación policial, a la señal de televisión protegida sin que los operadores nacionales que la prestaban recibieran el dinero que se les adeudaba.

Según la investigación, los acusados cobraban una cantidad mensual de cinco euros, o la cantidad de 75 euros al año, en el caso de los canales deportivos de pago.

Los acusados también facilitaban la compra de receptores "power boxes" capaces de recibir los contenidos de la señal de televisión protegida a través del sistema creado a precios que oscilaban entre los 80 y los 230 euros.