Esta medida está incluida en el "plan estratégico para la inmigración en Portugal" presentado por el presidente de Chega, André Ventura, en la sede del partido en Lisboa.

Ventura defendió que el apoyo social a los inmigrantes "sólo puede ser solicitado y concedido tras un mínimo de cinco años de cotización de estos inmigrantes en territorio portugués".

"La Seguridad Social tiene sentido para apoyar a quien lo necesita, pero también exige que quien lo necesita haya contribuido a un servicio que no es suyo, a un sistema que los contribuyentes portugueses han pagado a lo largo de los años", mantuvo.

Balance positivo

En 2022, según un informe anual del Observatorio de las Migraciones (OM) publicado en diciembre del año pasado, los inmigrantes fueron responsables de un saldo positivo de 1604,2 millones de euros en la Seguridad Social.

Según el texto, titulado "Indicadores de Integración de los Inmigrantes, Informe Estadístico Anual 2023", la relación entre las cotizaciones de los extranjeros y sus contrapartidas en la Seguridad Social portuguesa, es decir, las prestaciones sociales de las que algunos se benefician, en los años de referencia de este informe, "sigue arrojando un saldo financiero muy positivo".

Preguntado por estos datos, Ventura respondió que esta obligación "no cuestiona las cotizaciones a la Seguridad Social" de los inmigrantes, que seguirían cotizando durante cinco años sin poder acceder, sin embargo, a ninguna ayuda.

Sobre el hecho de que los portugueses no cotizaran a la Seguridad Social durante cinco años hasta que pudieran acceder a una ayuda, Ventura respondió: "Lo sé, pero este país sigue siendo nuestro y nos sigue perteneciendo".

El partido, que propone cuotas anuales de entrada de extranjeros en Portugal basadas "en la cualificación de los inmigrantes y en las necesidades de la economía portuguesa", quiere que se realice un "diagnóstico de los sectores más necesitados de mano de obra en Portugal, así como el análisis de los riesgos de la inmigración no integrada".

Revocar el acuerdo de movilidad de la CPLP, crear el delito de "residencia ilegal en suelo portugués" o revertir el fin del Servicio de Extranjería y Fronteras(SEF) son otras medidas.

Para André Ventura, "Portugal tiene el deber de acoger, pero debe hacerlo con reglas y control".