Casi 11.000 funcionarios llegarán a la edad de jubilación este año, de los cuales 2.800 son de carreras generales y el resto de carreras especiales, según ha anunciado el Gobierno. En 2023 podrían jubilarse otros 15.000 trabajadores del Estado, lo que equivale a una pérdida de 26.000 personas en dos años.

"Nuestra idea es reforzar la planificación para saber [dónde será necesario reforzar los recursos humanos]. Cada sector tendrá que hacer un esfuerzo para anticiparse a las necesidades. En la educación ya existe esta planificación", subraya Inés Ramires, secretaria de Estado de Administraciones Públicas, en una entrevista con Público.

El número de funcionarios está en su nivel más alto desde 2005, con un aumento de 15.000 trabajadores entre marzo de 2021 y 2022, basado casi en su totalidad en las áreas de sanidad, educación, ciencia y tecnología y fuerzas de seguridad. Sin embargo, la ministra señaló que, "aunque [está] alcanzando los valores de 2011, el peso de los empleos de la administración pública en la población ocupada es menor y el perfil [de los trabajadores] ha cambiado mucho", con el "replanteamiento" de las funciones del Estado a causa de la pandemia.

Sin comprometerse a realizar subidas salariales al ritmo de la inflación para el próximo año -las actualizaciones irán unidas a medidas para retener a los funcionarios, lo que tendrá un "gran impacto presupuestario"-, el secretario de Estado también anunció una nueva plataforma para sustituir a la Bolsa de Empleo Público (BEP).