La decisión del Gobierno de dejar de expedir visados dorados está siendo considerada inconstitucional por los constitucionalistas, esencialmente por violar el principio de salvaguarda de la confianza y las legítimas expectativas de los ciudadanos.

El catedrático Jorge Miranda explica al Jornal de Negócios que el Estado tiene un "deber de buena fe", y que "en todo caso, deben garantizarse períodos razonables de 'vacatio legis'", es decir, entre la publicación de la ley y su entrada en vigor.

Para el constitucionalista, la propuesta del Gobierno "afecta a la garantía y confianza de los directamente interesados" y en ella "ni siquiera se contempla un periodo de 'vacatio legis'", por lo que "adolece de inconstitucionalidad material".

Por ello, los expertos consultados por la publicación consideran que el legislador debería "adoptar un régimen transitorio que garantice que la aplicación de las nuevas medidas se haga de forma gradual y diferida en el tiempo".