A partir de hoy, la Asamblea de la República(AR) ya no tiene potestad para aprobar leyes, lo que significa que todos los procesos legislativos que estaban en marcha pierden su validez y tienen que volver a presentarse en la próxima legislatura.

Están en juego, por ejemplo, la regulación del 'lobby', y algunos (y más polémicos) cambios que el Gobierno pretendía aprobar para la prevención y control del tabaquismo, como, por ejemplo, la prohibición de la venta y consumo de tabaco cerca de colegios, en gasolineras o en terrazas con cierta cobertura, y también la revisión constitucional.

En las semanas posteriores al anuncio de la disolución del Parlamento, hubo varios "expedientes" que los diputados se apresuraron a ultimar, como los metadatos, los cambios en el régimen de concesión de la nacionalidad a los descendientes de judíos sefardíes y el régimen excepcional propuesto por el Gobierno que permitirá el voto por movilidad el día de las elecciones europeas, sin inscripción previa, además del derecho al voto anticipado.

Tras conocer la decisión del Presidente de la República de disolver la RA, después de la dimisión del Primer Ministro, António Costa, el 7 de noviembre, sujeta a investigación judicial, los parlamentarios también aceleraron varios diplomas relativos a la reforma de las órdenes profesionales, obligando a Marcelo Rebelo de Sousa a promulgarlos tras un primer veto.

En el último pleno también se aprobó una resolución del PS recomendando al Gobierno que lance la licitación del primer tramo de la línea de alta velocidad Oporto-Lisboa antes de finales de enero, con la abstención de Chega.

A pesar de que el Parlamento pierde su poder de legislar a partir de hoy, con su disolución oficial, el presidente de la RA, Augusto Santos Silva, sigue siendo la segunda figura del Estado portugués, sustituyendo al Presidente de la República en caso necesario. Los diputados mantienen los mismos derechos, como la inmunidad parlamentaria.

Desde el momento en que Marcelo Rebelo de Sousa disuelve oficialmente la Asamblea de la República (AR), entra en funciones la Comisión Permanente, órgano con menos diputados que el pleno y competencias limitadas, que tiene prevista una primera reunión el 24 de enero, con un debate preparatorio del Consejo Europeo y declaraciones políticas.

Según Lusa, esta comisión se reunirá quincenalmente los miércoles. Además del 24 de enero, hay otra reunión prevista para el 7 de febrero.

Los diputados que formen parte de la Comisión Permanente de AR podrán seguir formulando preguntas escritas al Gobierno tras la disolución, pero cesarán las comparecencias de ministros en comisiones, manteniéndose las iniciativas previstas para conmemorar el 50 aniversario del 25 de abril.

La Comisión Permanente está presidida por el presidente de AR e integrada por vicepresidentes y diputados designados por todos los partidos, en función de su respectiva representación.

Se encargan de "vigilar el cumplimiento de la Constitución y las leyes y controlar la actividad del Gobierno y la Administración", "ejercer las competencias de la Asamblea en relación con el mandato de los diputados", "promover la convocatoria de la Asamblea siempre que sea necesario".

Este órgano también tiene las funciones de "consentir la ausencia del Presidente de la República del territorio nacional" o "autorizar al Presidente de la República a declarar el estado de sitio o de excepción, a declarar la guerra y a hacer la paz".

En resumen, no tendrá poder para "hacer leyes sobre todas las materias, excepto las reservadas por la Constitución al Gobierno" ni para "conceder autorizaciones legislativas al Gobierno".