La ley en cuestión "autoriza al Gobierno a derogar la contribución extraordinaria sobre los inmuebles AL, así como a fijar el coeficiente de envejecimiento aplicable a los establecimientos AL a efectos del pago del Impuesto Municipal sobre Bienes Inmuebles (IMI), y a eliminar las trabas fiscales a la movilidad geográfica por motivos laborales", reza el documento.