"El Ayuntamiento de Lisboa confirma que recurrirá la multa impuesta por el Tribunal Administrativo del Distrito de Lisboa por valor de un millón de euros por el envío de datos de activistas rusos en 2021, durante la presidencia de Fernando Medina", indicó el ejecutivo liderado por Carlos Moedas, en una respuesta escrita.

Para el socialdemócrata, citado en el texto, el incidente, ocurrido durante la administración socialista, "es inaceptable", pero es deber del ayuntamiento "apelar para proteger a los lisboetas y salvaguardar el buen nombre de la institución".

A principios de agosto, cuando confirmó que conocía la sentencia, "por la que se le condenaba a pagar 1.027.500 euros", el ayuntamiento indicó que estaba evaluando si recurrir o no la decisión. En aquel momento, Carlos Moedas -presidente del Ejecutivo desde 2021- lamentó la "pesada herencia", afirmando que defendería a los lisboetas.

En enero de 2022, la Comisión Nacional de Protección de Datos (CNPD) impuso al ayuntamiento una multa de 1,25 millones de euros por infracción del Reglamento General de Protección de Datos al "comunicar a terceros los datos personales de los organizadores de manifestaciones". La CNPD detectó 225 infracciones administrativas en las comunicaciones realizadas por el ayuntamiento en el contexto de manifestaciones, concentraciones o desfiles. La multa es el resultado de un procedimiento abierto a raíz de una denuncia presentada ante la CNPD el 19 de marzo de 2021. El caso se refería a la comunicación por parte de la autoridad local portuguesa a la embajada rusa en Portugal y al Ministerio ruso de Asuntos Exteriores de datos personales pertenecientes a los organizadores de una manifestación celebrada ante la embajada.

Los activistas, disidentes del régimen ruso, habían celebrado una protesta en enero de 2021 por la liberación del opositor al gobierno ruso Alexey Navalny y argumentaron que el Ayuntamiento de Lisboa había puesto en peligro su seguridad y la de sus familiares en Rusia al revelar sus datos.

En junio de este año, cuando se celebraron los alegatos orales en el juicio de la solicitud de impugnación de la multa por parte de la autoridad local, la defensa del ayuntamiento consideró que no había forma de condenar a los acusados, debido a la falta de una disposición sancionadora.

El importe inicial de la multa se redujo posteriormente en 222.500 euros debido a la prescripción de algunas infracciones.

Cuando se conoció la decisión del Tribunal Administrativo del Distrito de Lisboa, el ayuntamiento socialista criticó la postura "política" de Moedas y rechazó la idea de una pesada herencia dejada por el PS, afirmando que el ayuntamiento podía, y debía, recurrir.

El caso se hizo público en junio de 2021, en plena precampaña de las elecciones municipales, lo que provocó una serie de protestas, desde Amnistía Internacional hasta partidos políticos. Un mes después, el Ayuntamiento de Lisboa aprobó por mayoría la destitución del responsable de protección de datos del municipio.

En la presentación de una auditoría interna sobre el asunto, Medina reconoció que el ayuntamiento había hecho caso omiso en repetidas ocasiones de una orden de 2013, firmada por António Costa, entonces alcalde, en la que se daba "orden de cambiar el procedimiento para que los datos sólo se enviaran a la Policía de Seguridad Pública y al Ministerio del Interior".

En junio de 2021, el embajador ruso en Portugal, Mikhail Kamynin, declaró que la embajada había borrado los datos de los manifestantes y subrayó que la información no había sido transmitida a Moscú.

En febrero de 2023, los tres activistas en cuestión anunciaron que demandarían a la autoridad local, exigiendo una indemnización de 120 mil euros como "compensación por los daños morales sufridos", ya que la multa solicitada por el CNPD "no beneficiaba a ninguna persona o entidad víctima de esta práctica reiterada de intercambio indebido de datos personales".