Este cambio, que "permite a ERSAR fijar las tarifas, merece nuestro repudio, o mejor dicho, nuestra enérgica oposición, ya que viola claramente la autonomía del gobierno local", argumentó Luísa Salgueiro (PS).

Al término de una reunión de la junta directiva de la ANMP celebrada hoy en Coimbra, la presidenta del Ayuntamiento de Matosinhos también destacó que los municipios deben fijar las tarifas de los servicios prestados en su territorio.

En su opinión, estas tarifas deben ser fijadas por los municipios en función de las condiciones del propio territorio.

"Una entidad externa no debe imponer las tarifas que se aplican en nuestros municipios", añadió.

En declaraciones a la agencia de noticias Lusa, Luísa Salgueiro señaló que los municipios están en contra de una decisión que "viene a desafiar los cambios".

"Esto era posible inicialmente, luego se revocó esta posibilidad y se atribuyó a los municipios. Por lo tanto, ahora es un retroceso y ERSAR vuelve a ser quien tiene esta competencia que impugnamos", sostuvo.

La posición de principio contra la imposición de tarifas diferenciadas por parte del ERSAR fue transmitida por la ANMP al Gobierno el pasado 20 de agosto, en un dictamen en el que se argumenta que las tarifas deben ajustarse a la realidad económica y social de cada territorio.

"En una lógica de servicio público y no en una lógica puramente económico-financiera, so pena de conducir al aumento de las tarifas a niveles socialmente insoportables, sobre todo y en particular, en las regiones económicamente más desfavorecidas, más dispersas y menos densamente pobladas del país", reza el dictamen de la ANMP al que tuvo acceso Lusa.

El documento también indica que "la solución pasará por garantizar la sostenibilidad económica y financiera de los sistemas, y esto no puede hacerse únicamente a través de las tarifas, siendo imprescindible reflexionar seriamente sobre la introducción de mecanismos de nivelación, basados en la solidaridad entre sistemas".

El dictamen fue solicitado a la ANMP por el Gobierno el 9 de agosto, un día después de que el Consejo de Ministros aprobara el decreto-ley que define las tarifas, ingresos tarifarios y otros importes a cobrar.