El "Acto de Conmemoración del 25º Aniversario del Convenio de Albufeira" tendrá lugar esta mañana en Aranjuez, en la Comunidad de Madrid, y contará con la presencia de las Ministras de Medio Ambiente de Portugal, Maria da Graça Carvalho, y de España, Teresa Ribera, e incluirá una serie de conferencias sobre el agua y los ríos compartidos por los dos países.
Maria da Graça Carvalho afirmó el 6 de agosto que España pagará a Portugal dos millones de euros al año por la captación de agua del Alqueva, cantidad que deberá incluirse en un acuerdo que firmarán hoy los dos países.
El encuentro entre los dos ministros en Aranjuez -que fue precedido el jueves por una reunión técnica entre equipos de ambos países- debe servir también para ultimar el acuerdo que permitirá adelantar la captación de agua del río Guadiana en la zona de Pomarão, en el municipio de Mértola, en el distrito de Beja, para abastecer al Algarve, lo que afecta a aguas internacionales.
La ministra portuguesa también afirmó, el 6 de agosto, que el acuerdo que se firmará con España también incluirá cuestiones relacionadas con el río Tajo.
Según Maria da Graça Carvalho, Portugal pidió que se garanticen los caudales ecológicos del Tajo, para que no sean sólo mensuales o semanales, sino también diarios, de forma que haya "una distribución más uniforme a lo largo de los días para que no sea todo un día de la semana y luego no haya caudal".
A la pregunta de los periodistas de la época de si Portugal había hecho concesiones para llegar a un consenso bilateral, Maria Graça Carvalho respondió que no era necesario ceder en nada y que la negociación había ido "muy bien", subrayando que España estaba interesada "en resolver los problemas". Al día siguiente, el 7 de agosto, el presidente de la empresa Alqueva, José Pedro Salema, consideró que el pago que España empezará a hacer por el agua captada en este embalse, en el Alentejo, acaba con una "injusticia muy grande" porque "hay beneficiarios a 100 metros unos de otros y unos pagan y otros no".
El presidente de la Empresa de Desarrollo e Infraestructuras de Alqueva (EDIA) explicó que los beneficiarios del lado portugués pagan por el agua que captan de la presa de Alqueva, a diferencia de los agricultores con captaciones del lado español, que no tienen ningún cargo.
En cuanto a los dos millones de euros que deberá pagar anualmente España, José Pedro Salema subrayó que la cantidad se determinó mediante la aplicación directa de la tarifa del Proyecto Multiusos de Alqueva (EFMA) y que "las captaciones españolas pagarán lo mismo que las portuguesas".
El Gobierno español, a preguntas de la agencia de noticias Lusa, siempre se remitió a las declaraciones de la directora general del Agua, Dolores Pascual, a Radio Huelva, el pasado 8 de agosto.
Según Dolores Pascual, que nunca confirmó las cifras adelantadas por el ministro portugués, el nuevo acuerdo entre ambos países "debería regular tanto los volúmenes [de agua] retirados como los posibles pagos (...) que los agricultores españoles deben realizar a las autoridades portuguesas".
Dolores Pascual añadió que en el ámbito del Convenio de Albufeira, Portugal y España regularán también el caudal del Guadiana "en el tramo final" del río, es decir, cerca de la desembocadura, en la zona de Huelva.
"Una vez garantizados los caudales necesarios para el río, podremos hablar de otros posibles usos a ambos lados de la frontera. La prioridad del ministerio [español] es fundamentalmente dar mayores garantías a los usos que actualmente existen en la provincia de Huelva. En una situación de sequía, como la que estamos viviendo, deberían tener mayores garantías", añadió.
Respecto al Tajo, 37 asociaciones y movimientos cívicos han reclamado en las últimas semanas la divulgación previa del acuerdo que negocian Portugal y España, con la advertencia de que el Tajo "necesita urgentemente un verdadero régimen de caudales ecológicos determinado por métodos científicos, que contribuya al buen estado ecológico de las masas de agua y a la conservación de los ecosistemas de ribera".