La resolución del Consejo de Ministros publicada crea la Estructura de Misión para la Recuperación de Procesos Pendientes en la Agencia de Integración, Migración y Asilo (AIMA) y autoriza la contratación de los dos equipos de misión de un máximo de 100 especialistas, 150 técnicos auxiliares y 50 asistentes operativos.

El diploma prevé que la estructura finalice sus funciones, el 2 de junio de 2025.

En el diploma, el Gobierno destaca los retos del país en materia de inmigración, como el gran retraso de los procesos de regularización y la incapacidad de respuesta de los servicios, una situación que, según dice, plantea un grave problema para la dignidad de los inmigrantes que buscan Portugal, dejándolos en situación de desprotección jurídica y vulnerabilidad social.

Esta ineficacia de las instituciones encargadas de conceder la documentación a los ciudadanos extranjeros es lo que ha contribuido a que en la actualidad haya cerca de 400.000 procesos de regularización en el territorio nacional pendientes de análisis.

AIMA ha sido objeto de quejas por parte de trabajadores precarios que dicen tener papeles fijos en la organización, quejas que recibieron la solidaridad de los sindicatos de AIMA, según declaraciones a Lusa hace dos semanas.

El presidente del Sindicato de Trabajadores de AIMA, Artur Girão, pidió que se analizara caso por caso la situación de los mediadores culturales que han estado en condiciones laborales precarias, mientras que Manuela Niza, del recién fundado Sindicato de Técnicos de Migración (STM), pidió una respuesta de la tutela al problema.

La resolución establece que los nuevos 300 trabajadores que se contratarán para dar apoyo a AIMA serán contratados mediante protocolos con entidades públicas o privadas, a través de cuatro modalidades contractuales; movilidad, contrato laboral de duración determinada o incierta, cesión de interés público o contrato de prestación de servicios.