"Estamos en un sector con una verdadera emergencia nacional, somos conscientes de la escasez de fondos disponibles en los programas nacionales y comunitarios, pero es esencial que hoy en día, los programas de subvenciones y préstamos, por ejemplo del Banco Europeo de Inversiones, puedan beneficiar al sector para que no lleve a Portugal de nuevo a la era de los vertederos", declaró Fernando Leite, durante su comparecencia en la Comisión de Medio Ambiente y Energía.

El director gerente de la Asociación de Municipios para la Gestión Sostenible de los Residuos del Gran Oporto considera que los 475 millones de euros previstos en el Plan Estratégico de Residuos Urbanos (PERSU) 2030 "son claramente insuficientes para las inversiones en el sector de bajos ingresos, en este caso, los ayuntamientos, y en el sector de altos ingresos, en sistemas de gestión y tratamiento de residuos", como, subrayó, reconoció recientemente el ministro de Cohesión Territorial, Manuel Castro de Almeida, que cifró en 3.700 millones de euros las inversiones necesarias.

En la comisión, en una intervención en la que abordó las principales limitaciones de las entidades de gestión de residuos en Portugal, Fernando Leite defendió que es urgente promover "una reinterpretación del PERSU, proporcionando oportunidades y condiciones para que los municipios sean más activos", y consideró urgente "desburocratizar, facilitar y promover sinergias entre los municipios y los sistemas de gestión de alto nivel, es decir, la relación entre los que recogen y los que valorizan y tratan", así como promover el uso compartido de infraestructuras.

Para el administrador, en términos europeos, Portugal se encuentra en una situación crítica, por lo que es imprescindible revertir "el confinamiento en vertedero", de lo contrario, "muy pronto", el país "no dispondrá de infraestructuras para el tratamiento y valorización de los residuos en algunas regiones, concretamente en el Norte y en el Algarve, dejando la exportación de estos residuos a altos costes".

Fernando Leite también criticó la postura adoptada por la Sociedade Ponto Verde, que impugnó ante los tribunales la resolución del Gobierno que actualiza las cantidades de compensación pagadas a las autoridades locales y a los sistemas de gestión de residuos por el trabajo de transporte y reciclaje de envases, apelando a la solidaridad de los diputados para garantizar un valor justo.

Según datos facilitados a Lusa, en siete años, LIPOR dejó de percibir cerca de 50 millones de euros, que se le adeudaban, "degradando la tesorería de la empresa" que en 2023 sumaba, según informó JN el lunes, pérdidas por valor de 2,9 millones de euros.

"Lamentamos y consideramos totalmente infundada esta posición persistente de Sociedade Ponto Verde en relación con la liquidación del valor razonable de la contraprestación por el reciclaje de materiales", declaró ante la Comisión de Medio Ambiente y Energía.

Ante los diputados, el director reveló también que "el resultado global de la entrada de LIPOR en el mercado libre de electricidad se tradujo en una pérdida del 50% de sus ingresos, lo que le hizo entrar "en un régimen muy frágil en su situación financiera".