Según el Tribunal Constitucional(TC) portugués, se destacaron seis normas inconstitucionales en el diploma que promulga la eutanasia. En un comunicado, la entidad judicial afirma que de la evaluación realizada, "casi todas [las normas] que componen el diploma no fueron declaradas inconstitucionales."

Entre las normas declaradas inconstitucionales, hay un artículo que, según el TC, viola la Constitución, que se refiere a las decisiones tomadas entre un médico y un paciente que solicita la muerte médicamente asistida. Así, es inconstitucional que el médico acuerde con el paciente el método a utilizar para llevar a cabo la eutanasia, así como dar permiso al paciente para elegir el procedimiento a utilizar para la muerte médicamente asistida. Además, permitir que la eutanasia se aplique "de forma informada y consciente".

El TC también consideró inconstitucional el artículo que permite realizar la muerte médicamente asistida sin un análisis por parte de un médico especialista y, en consecuencia, también contra el artículo general "que legaliza, en determinadas condiciones, la muerte asistida".

Según el comunicado del TC, en el artículo "se considera no punible la muerte médicamente asistida cuando se produzca por decisión de la propia persona, mayor de edad, cuya voluntad sea actual y reiterada, seria, libre y clara, en situación de sufrimiento de gran intensidad, con lesión definitiva de extrema gravedad o enfermedad grave e incurable, cuando sea practicada o auxiliada por profesionales sanitarios".

Para el Tribunal, también es inconstitucional que el artículo exija que el profesional sanitario que no quiera proceder a la muerte médicamente asistida de un paciente deba justificar las motivaciones que le llevan a rechazar el acto médico.

Los magistrados del TC basan la inconstitucionalidad de los artículos en el artículo 2 de la Constitución portuguesa, que establece que "la República Portuguesa es un Estado democrático de Derecho, fundado en la soberanía popular, en el pluralismo de la expresión democrática y de la organización política, en el respeto y garantía de la efectividad de los derechos y libertades fundamentales y en la separación e interdependencia de poderes". También se consideró el artículo de la Constitución que establece que "la vida humana es inviolable".

Según José João Arantes, presidente del TC, el diploma de eutanasia aún no ha sido aceptado "dado el parámetro del artículo 24, 1, de la Constitución considerado aisladamente". José João Arantes afirma también que el ejercicio de la eutanasia debe "ser controlado con rigor y extrema exigencia, por tratarse de una decisión irreversible tomada por personas en situación de gran fragilidad", reiterando las inconstitucionalidades señaladas por el TC en el diploma aprobado por el parlamento.

En el Parlamento

En Portugal, la eutanasia se discute desde 1995, cuando el Consejo Nacional de Ética para las Ciencias de la Vida debatió el tema por primera vez.

En 2012 se presentaron cinco propuestas diferentes sobre el testamento vital, que daría libertad a las personas para decidir cómo quieren proceder con su asistencia sanitaria. Puede dar al paciente la decisión de dejar por escrito si desea continuar con determinados tratamientos, en el caso de una enfermedad incapacitante. Tras la aprobación de esta medida, el debate sobre la muerte médicamente asistida comenzó a estar más presente en la Asamblea de la República.

En 2015, nació el movimiento "Derecho a Morir Dignamente", donde se presentó un manifiesto y se compartió una petición que pretendía despenalizar la muerte médicamente asistida. Así, en 2018, los partidos más de izquierda en la Asamblea de la República (BE, PS, PAN y PEV) presentaron iniciativas de ley al Parlamento que fueron todas rechazadas.

En la siguiente legislatura, en 2021, los mismos partidos y la IL presentaron cinco propuestas diferentes, que fueron aprobadas pero vetadas por el Presidente de la República, Marcelo Rebelo de Sousa, al considerar que los artículos tenían "insuficiente densidad normativa."

Tras el veto de Marcelo Rebelo de Sousa, los proyectos fueron mejorados, aprobados el 5 de noviembre de 2021, y vetados días después debido a contradicciones en los conceptos de "enfermedad grave solamente", "enfermedad grave e incurable" y "enfermedad incurable y mortal".

En 2023 se reformulan los conceptos y se añade la posibilidad de que el paciente esté acompañado por un psicólogo durante el proceso. Asimismo, transcurre un plazo de dos meses entre la solicitud de eutanasia y la realización del procedimiento.

Ahora, con el último dictamen del TC, el diploma deberá ser mejorado para que la despenalización de la muerte médicamente asistida pueda llevarse a cabo en Portugal. Sin embargo, debido a la proximidad de las elecciones, los trabajos no se reanudarán hasta la próxima legislatura.