Según un comunicado del Consejo de Ministros, se aprobó el decreto-ley que "establece la compensación a los arrendadores, hasta el límite de 1/15 del Valor Fiscal Patrimonial de la vivienda arrendada, por los contratos de arrendamiento de vivienda celebrados con anterioridad al 18 de noviembre de 1990, adicionalmente estos contratos no estarán sujetos al Nuevo Régimen de Arrendamientos Urbanos".

El martes, las asociaciones de propietarios e inquilinos informaron de que el Consejo Nacional de la Vivienda, concedió la compensación a los propietarios con alquileres anteriores a 1990.

El 22 de noviembre, el Instituto de Vivienda y Rehabilitación Urbana (IHRU) publicó un estudio sobre los contratos de alquiler no sujetos al Nuevo Régimen de Arrendamiento Urbano (NRAU), junto con el informe sobre los Arrendamientos de Vivienda en Portugal. Su objetivo era caracterizar el número de familias con las denominadas rentas antiguas (anteriores a 1990) y contribuir a estimar los importes necesarios para prestar apoyo a este tipo de contratos.

El documento presentó los cálculos de varios escenarios, en función de las medidas incluidas en la legislación: el paquete Más Vivienda y el decreto-ley que en 2015 recomendó que el subsidio se concediera a los inquilinos con menores ingresos, personas mayores o con discapacidad, tras el final del régimen transitorio.

Según mantiene el estudio, el valor previsto de apoyo al paquete Más Vivienda que entró en vigor en octubre de este año, frena la transición al NRAU de los alquileres de las viviendas antiguas, que serían más altos o más bajos en función de la solución que se adopte.

Los datos apuntan a la existencia de 124.083 contratos de alquiler de viviendas anteriores a 1990 (en total hay 151.620, de los que no se han incluido los 27.537 alojamientos que son propiedad de una entidad pública o de una organización sin ánimo de lucro), cuya compensación podría suponer un gasto mensual de 54,5 millones de euros o 653 millones de euros al año, suponiendo que corresponda a la diferencia entre el valor medio de los alquileres actuales y una renta definida en función del valor medio por metro cuadrado de los nuevos contratos de arrendamiento.

Si se aplicara esta metodología, pero considerando un tope del 80% al valor medio por metro cuadrado de los nuevos contratos de arrendamiento (publicado por el Instituto Nacional de Estadística), el gasto mensual con esta medida sería de 39,8 millones de euros (477,8 euros al año).

El estudio también consideró otro escenario, teniendo en cuenta las disposiciones del diploma Más Vivienda, el coste mensual ascendería a 2,2 millones de euros al mes (26,6 millones de euros al año).

En este segundo escenario, el valor se calculó suponiendo que el inquilino paga el alquiler de acuerdo con las tasas de esfuerzo previstas por la ley (en función de los ingresos anuales ajustados - RABC de la unidad familiar) y la compensación por el resto por 1/15 del valor fiscal de la vivienda, cuando podría ser superior.

Este estudio, previsto en los Presupuestos Generales del Estado para 2022, fue elaborado por el Observatorio de Arrendamiento de Viviendas y Rehabilitación Urbana (OHARU), a través de una asociación entre PlanPP, en colaboración con el INE y la Autoridad Fiscal y Aduanera (AT).