En los últimos años se ha producido un aumento significativo de las construcciones ilegales en el municipio de Loulé, especialmente mediante la instalación de estructuras de madera o modulares en terrenos rústicos.

En la mayoría de los casos, estas construcciones están destinadas a viviendas que no cumplen los requisitos legales. Además, a menudo se sitúan en zonas sujetas a servidumbres administrativas o restricciones de servicios públicos, tal y como estipula el Plan Director Municipal (PDM) en vigor, concretamente en zonas clasificadas como Reserva Agrícola Nacional (RAN) y Reserva Ecológica Nacional (REN).

Debido a esto, el consejo afirma que: "es imprescindible alertar una vez más a todos los ciudadanos de que estas prácticas ilícitas están sujetas a medidas de protección de la legalidad urbanística. Tales medidas están previstas en el Decreto-Ley nº 555/99, de 16 de diciembre, en su versión más reciente, aprobada por el Decreto-Ley nº 10/2024, de 8 de enero, en particular en los artículos 102 a 109. La sanción más severa es la demolición de los edificios si se llega a la conclusión de que no reúnen los requisitos para la concesión de licencias o la legalización".

El ayuntamiento también añade que la reciente modificación del Régimen Jurídico de la Urbanización y la Edificación (RJUE), en vigor desde el 8 de enero, establece la aplicación de este régimen a las construcciones modulares. Éstas se definen como estructuras que utilizan sistemas constructivos modulares, producidas parcial o totalmente en fábrica, y que pueden ser fijas o transportables. "Por tanto, estas construcciones tienen la consideración de operaciones urbanísticas que requieren el previo dictamen favorable del Ayuntamiento, sin perjuicio de la necesidad de dictámenes de otras entidades, conforme a lo previsto en el RJUE o en la legislación específica".

Debido a esta situación, el consistorio está trabajando para concienciar a todos los propietarios y potenciales compradores de suelo rústico sobre la importancia de informarse correctamente antes de invertir en construcciones o estructuras que puedan ser consideradas ilegales.

"La realización de estas obras puede dar lugar a la elaboración de informes y a la aplicación de severas sanciones, entre ellas la imputación de delitos de infracción de normas urbanísticas y de posesión administrativa para la demolición coactiva de las construcciones.

"Además de los perjuicios económicos y jurídicos para los infractores, estas situaciones suponen un desvío de recursos públicos esenciales (si se lleva a cabo la demolición coactiva, con toda la logística inherente al procedimiento), recursos que podrían canalizarse hacia las necesidades básicas de la población. Tras la demolición, el gasto se facturará al ciudadano infractor.

"Además, se produce un impacto medioambiental negativo, con importantes daños al paisaje y al patrimonio natural del municipio".