En un comunicado, la asociación presenta medidas que fomentarían la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y pide al Gobierno y al Parlamento que las incluyan en los próximos Presupuestos Generales del Estado.

Una de las medidas llevaría a la retirada progresiva de los vehículos más antiguos, mediante un programa que incluiría la oferta de abonos de transporte público de hasta 10 años para los participantes. Incluiría las áreas metropolitanas y las comunidades interurbanas y todos los medios de transporte público existentes.

En los próximos Presupuestos, dice Cero, es importante que se incremente la inversión en programas para nuevos servicios de transporte público y la reducción de tarifas en el sistema de abonos.

Cambios en los peajes

Otra propuesta de Cero para reducir las emisiones es cambiar los peajes, de forma que los precios varíen en función del peso de los vehículos y no, como actualmente, de la altura del eje y el número total de ejes.

Porque los vehículos más pesados "provocan un desgaste más importante del firme, suponen mayores riesgos en caso de accidente (para los peatones, por ejemplo) y tienen una mayor huella ecológica de fabricación", explica Zero.

En el comunicado, Zerón explica que del total del Impuesto Sobre Vehículos (ISV), el Impuesto Sobre Circulación (IUC) y el Impuesto Sobre Productos Petrolíferos (ISP) representaron 9.2% y 7.0% de los ingresos tributarios en 2021 y 2022, y que el consumo de combustible alcanzó los niveles máximos de los últimos 11 años en el primer semestre de 2023.

Por ello, la asociación propone la integración del peso vehicular como criterio en el ISV y el IUC, reconociendo que "el criterio de cilindrada es obsoleto", porque no refleja bien los impactos ambientales.

La asociación propone que la tasa a pagar comience en cinco euros por cada kilogramo que supere los 1.500 kilogramos, y aumente a 10 euros por kilogramo para pesos superiores a 1.700 kilogramos.

Beneficios fiscales

"Muchas empresas ofrecen vehículos y vales de combustible a sus empleados en lugar de ofrecer el abono y complementarlo con una cantidad mensual a gastar en servicios de movilidad eléctrica y/o blanda. Las empresas que hacen esto no pueden decir públicamente que se preocupan por la sostenibilidad y al mismo tiempo contribuyen a agravar el principal problema del país en términos de contribución al cambio climático", afirma también Zero en el comunicado.

Proponiendo que a partir de 2028 las empresas no puedan incurrir en gastos como la adquisición de vehículos que no sean 100% eléctricos, peajes, aparcamientos y combustible, para pagar menos impuestos, la asociación ecologista quiere que en los próximos Presupuestos se recorte un 25% la deducción de este tipo de gastos de la base imponible.

La asociación también sugiere que al menos el 10% de los ingresos de ISP, ISV e IUC se destinen a la electrificación de la flota. Y que las ayudas al achatarramiento de vehículos viejos y a la electrificación se centren en las flotas de vehículos con altos índices de uso.

Y el Estado, subraya, "debe empezar por dar ejemplo dejando de comprar vehículos que no sean 100% eléctricos a partir de 2024".